ABSTRACT
Desde la promulgación de la Ley sobre Discapacidad y de la Política Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, de 1999, se han reforzado las organizaciones de y para personas con discapacidad quienes, a través de estas instancias, han hecho presente sus demandas a las autoridades. Esto ha contribuido a la incorporación de estas personas en políticas, planes, programas y mociones parlamentarias. Actualmente se están llevando a cabo distintas medidas legales, administrativas y jurídicas para contribuir a la plena integración social de las Personas con Discapacidad. De este modo se está cumpliendo con los objetivos y principios articuladores de la Política Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad, que tiene como base las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad que fueron aprobadas en 1993 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y que pretende que las personas con discapacidad puedan: asumir un rol de plena participación social, que les es propio; ejercer plenamente sus derechos cívicos y acceder a todas las instituciones y servicios relacionados con la discapacidad, especialmente a la rehabilitación, educación y trabajo, como bases para su desarrollo; participar activamente en la planificación y puesta en marcha de actividades que las involucran, especialmente en los procesos de rehabilitación e integración; disponer de la más amplia movilidad posible, que les permita hacer uso del espación físico y acceder a los edificios y medios de transportes; disponer de independencia económica, mediante el ejercicio de una profesión u oficio, que les reporte ingresos, o disponer de ingresos mínimos, cuando sea el caso, mediante el otorgamiento de prestaciones sociales.